51 centros, 14 de ellos en zona rural, podrían verse afectados el próximo curso por esta medida que espera una resolución definitiva por parte de Educación a finales de este mes.

Los planes de la Junta de Andalucía para reorganizar la educación en todo el territorio andaluz en los próximos años escolares es una realidad que ya empieza a palparse en los núcleos educativos y de la sociedad más perjudicados por las medidas que se desprenden de esta reestructuración.  De entre ellas, la que ha generado más críticas y preocupaciones es la de eliminar los dos primeros cursos de Secundaria en aquellos centros públicos en los que se ofrece una oferta educativa que comprende desde Infantil hasta segundo de la ESO, pasando por Primaria.

A pesar de que esta decisión pretende implementarse en toda Andalucía de manera progresiva, para acabar aunando en un mismo centro ambos períodos de enseñanza, Granada sería la principal damnificada de todo el territorio autonómico debido a que cuenta con más de medio centenar de estas escuelas repartidas por toda la provincia.

Este dato representa el 20% del total a nivel de Andalucía, con 261 centros que reúnen estas condiciones educativas, y cuyo porcentaje está muy por encima  de las siguientes en el podio, Málaga y Jaén, con 42 centros cada una, siguiéndole de cerca Almería, con 36.

El  problema añadido que enfrenta Granada si se produjera este cambio es que de esos 51 centros, 14 se encuentran en zonas rurales como la Alpujarra o la costa granadina. Estas comarcas forman parte de la llamada ”Granada vaciada”, un término que hace referencia al éxodo rural de sus habitantes hacia la ciudad y que está produciendo una gran despoblación debido a la falta de recursos y de actividad económica.

Por este mismo motivo la supresión de los dos primeros cursos de Educación Secundaria en estos centros supone un drama adicional a la situación de estas regiones granadinas ya que alrededor de 700 alumnos tendrían que desplazarse a localidades vecinas para poder tener acceso a una educación completa y de calidad. Este hecho supone una interferencia en la vida cotidiana de niños y padres que, en ocasiones, tendrían que estar hasta una hora en la carretera y que temen que esta decisión les obligue a dejar sus pueblos.

La particularidad de esta historia y la motivación de la junta de sopesar esta opción viene derivada de una posible ”ilegalidad”, según ha indicado Antonio Jesús Castillo, delegado de educación en Granada, cometida por el anterior Gobierno. Desde que nueva ley de educación -la LOGSE- entró en vigor allá por 1990, la enseñanza de la educación secundaria desde 1º de la ESO quedó suprimida en colegios públicos y pasó a ser competencia de los institutos. El problema vino cuando algunos centros no cumplieron con los plazos establecidos para el este cambio, alrededor de una década, y arrastraron el asunto hasta nuestros días. A estos centros se les conoce con el nombre de Semidés y, además, su anacronía legal genera otra problemática en su profesorado. Según manifestó el delegado, los maestros que se formaron durante este período dejaron de hacerlo en el siguiente por lo que todavía ”hay cientos de maestros dando clases de especialidades para la que no están formados”

Aun así, Castillo ha negado de forma reiterada el cierre de estos colegios y mantiene que ”cualquier decisión que se tome con motivo de esta reorganización la queremos abordar con diálogo y consenso y no será algo precipitado ni contra la comunidad educativa”. Asimismo mantiene que estos cambios solo se llevarían a cabo en aquellos centros que tengan un instituto cercano para que las modificaciones no supongan un cambio estructural en la vida de las familias.

Desde la Junta proponen otra alternativa, que se estudia tan sólo para aquellos centros que cuenten con alumnos suficientes, la de ampliar la oferta educativa a tercero y cuarto de la ESO. Los llamados CEIPSO, colegios de Educación Infantil y Primaria autorizados a impartir Educación Secundaria Obligatoria, y que  permitirían la regularización de estos colegios en materia legal, en toda la provincia, y también la disminución del número de alumnos afectados en las zonas rurales.

Muchos sectores educativos creen que esta opción es inviable y además perjudica a otros centros educativos que se encuentren cerca por la pérdida de alumnado que migrará a estos colegios debido a la comodidad que supone tener una estabilidad durante toda la etapa educativa, algo que desembocaría en el cese de la actividad de dichos centros.

La única certeza es que si la Junta quiere dejar todo esto cerrado de cara al próximo curso deberá hacerlo antes del próximo 1 de Marzo, fecha en la que comienza el período de escolarización 2020/2021. Por ello, se prevé que la resolución definitiva, que incluirá todos los centros afectados por este reajuste, esté lista para finales de este mismo mes de Enero cuando se espera que se empiecen a tomar decisiones en consenso.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también se pronunció al respecto en una visita reciente a Granada tras la oleada de críticas y quejas por parte de padres y docentes, sobre todo de las zonas rurales, que se echaron a la calle para pedir explicaciones.

El máximo mandatario andaluz dejó claro que desde el gobierno autonómico se va a intentar que todas estas líneas permanezcan abiertas  mediante ”un esfuerzo económico especial”,  recalcando junto a esto la necesidad de ”ser realistas” en una clara referencia a al descenso de la natalidad en estas zonas.  Según palabras  del Presidente ”es muy difícil mantener aulas y colegios abiertos cuando no hay alumnos”.

De igual manera, Moreno se mostró confiado en que a través de la colaboración de la Junta con la Diputación y los ayuntamientos locales, la situación llegará a buen puerto. A estas palabras se sumó también en Loja el Delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, quien aseguró que no se iba a producir el cierre de ningún colegio y que todas las instituciones competentes se sentarán junto con los afectados para ”evitar situaciones de indefensión”, refiriéndose  a aquellos alumnos que por las circunstancias de estas zonas no tienen acceso a la misma calidad de profesorado.  Además, García ratificó la veracidad en las promesas de Juanma Moreno asegurando que ”la educación es la segunda materia más importante dentro de los presupuestos”, sólo por detrás de la sanidad.

SINDICATOS  Y FAMILIAS

Algunos sindicatos como CSIF, ANPE, CCOO y UGT  también han mostrado su completo rechazo a esta reorganización educativa y han reclamado a la Junta más información sobre el proceso para acabar con el ”malestar e inquietud” de las familias y el profesorado. Además, tanto  sindicatos como asociaciones familiares advierten que no permitirán ”ni un recorte más” en la escuela rural y temen que esta decisión traiga consigo otros encubiertos.

Mercedes González, portavoz de Comisiones Obreras de enseñanza en Granada, ha pedido que se haga un estudio riguroso sobre la situación de la escuela rural y como podría afectar eso al alumnado y al profesorado, añadiendo que ”sólo en ese momento podrán establecerse los cauces de diálogo para buscar soluciones conjuntas”.

Todas las organizaciones sindicales están de acuerdo en que se tiene que regularizar esta situación pero consideran muy importante la manera y los términos en los que se haga, por ello piden a la Junta que aplace la decisión más allá del próximo curso.

Las familias de las zonas rurales afectadas evidenciaron también su preocupación y disconformidad con esta reestructuración presentando 5.000 firmas ante la delegación de Educación advirtiendo que ”desde Septiembre estamos mostrando que se estaba empezando a desmantelar la escuela rural, y así se ha demostrado”. El próximo  16 de Enero tendrá lugar una manifestación para mostrar el rechazo frontal al posible cierre de colegios rurales y a las consecuencias que esto podría acarrear en toda su población.

Ante todas estas acusaciones, el delegado de educación considera injusto que se  le tache de poco transparente asegurando que se han mantenido sucesivas reuniones con los centros públicos implicados y su personal, además de otras comunicaciones y medidas llevadas a cabo desde la delegación.

”Los inspectores han visitado una decena de los semidés en los que se imparten diferentes niveles educativos con ratios muy bajas, incluso con hasta tres alumnos, para explicar y escuchar a los consejos escolares, nos hemos reunido con FAMPA Alhambra y, por propia iniciativa de esta Delegación, el próximo día 18, hemos convocado una reunión con las asociaciones de padres y madres de todos los centros públicos de la provincia”, añade el delegado.  Por ello, Castillo considera que la concentración convocada 48 horas antes y que FAMPA secundará ”no es la fórmula para dialogar y llegar a acuerdos”.